El gobierno gravará Imesi a los autos eléctricos a partir de enero del próximo año, según un decreto firmado por el presidente Orsi.

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) manifestó su “gran preocupación” por la decisión del Gobierno de aplicar el IMESI a los vehículos de alta eficiencia energética, en particular a los eléctricos e híbridos, y exhortó al Poder Ejecutivo a rever la medida.

En un comunicado, la gremial cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como la forma en que fue adoptada. Según señaló, las empresas del sector se enteraron de la decisión a través de los medios de comunicación, pese a que las autoridades se habían comprometido a informar previamente las conclusiones alcanzadas y permitir un último intercambio con los actores involucrados.

Para ACAU, la resolución genera una nueva señal de incertidumbre para el sector y se suma a otras decisiones recientes, como el aumento del costo de la energía en los cargadores públicos y el incremento del valor de la patente para este tipo de vehículos, medidas que, a su entender, afectan el proceso de transición hacia una movilidad más sostenible.

La asociación también cuestionó la rapidez con la que avanzó la iniciativa, al considerar que no existió un proceso adecuado de diálogo ni una evaluación integral de sus consecuencias económicas, sociales, energéticas y ambientales. En ese sentido, afirmó que presentó a las autoridades información sobre experiencias internacionales y alternativas tributarias que permitían compatibilizar la recaudación con el incentivo a la eficiencia energética y la renovación del parque automotor, pero aseguró que esas propuestas no fueron contempladas.

Asimismo, sostuvo que mientras esta modificación tributaria avanzó con rapidez, otras regulaciones vinculadas a la seguridad vial y la modernización del sector continúan pendientes desde hace años, lo que, según la gremial, transmite “una señal equivocada” sobre las prioridades de la política pública.

ACAU advirtió que el impacto de las nuevas cargas tributarias terminará recayendo sobre los consumidores, al encarecer el acceso de familias y empresas a vehículos más modernos, seguros, eficientes y amigables con el medio ambiente, retrasando la renovación del parque automotor nacional.

Finalmente, la gremial sostuvo que estas medidas representan un cambio significativo respecto a la política que Uruguay ha impulsado durante las últimas décadas para promover la transformación de la matriz energética y la movilidad sostenible. Por ello, exhortó al Gobierno a reconsiderar la decisión y abrir una instancia de diálogo con todos los actores involucrados para encontrar una solución que preserve la competitividad del sector, fomente el acceso a tecnologías limpias y mantenga el posicionamiento internacional del país en materia energética y ambiental.