Legisladores oficialistas y el presidente del F.A. realizaron conferencia de prensa sobre la investigación del caso que se tildo de fraude.

El Frente Amplio sostuvo este lunes que deben investigarse eventuales responsabilidades penales de funcionarios públicos y particulares que participaron en el proceso de contratación de Cardama.

En conferencia de prensa, el diputado Joaquín Garlo afirmó que Cardama es el principal responsable del proceso, pero sostuvo que los hechos no podrían haberse concretado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en la contratación.

“La voluntad del Frente Amplio es que se investiguen esas actuaciones a efectos de determinar la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros”, señaló Garlo.

Por su parte, el diputado Nicolás Viera afirmó que el trabajo de la comisión investigadora permitió identificar responsabilidades políticas que, según el Frente Amplio, deberán ser planteadas ante la Asamblea General.

En ese sentido, Viera señaló al expresidente Luis Lacalle Pou como principal responsable político, según la posición del Frente Amplio, por su actuación como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y por el respaldo político al proceso de adquisición de los buques OPV.

El legislador sostuvo que los documentos analizados y las comparecencias recibidas por la comisión evidenciaron carencias en los controles y en las actuaciones administrativas y políticas durante el proceso.

“Aquí estamos ante un fraude que a todas luces ha contado con la opacidad de aquellos jerarcas que, debiendo controlar y defender al gobierno y al Estado nacional, no lo hicieron”, afirmó Viera.

El Frente Amplio también atribuyó responsabilidades políticas al exministro de Defensa Javier García, al exministro Armando Castaingdebat y a funcionarios de particular confianza que participaron en el proceso de adjudicación.

Ahora, las conclusiones de la comisión investigadora serán trasladadas al ámbito parlamentario, mientras el Frente Amplio plantea que también se investiguen eventuales responsabilidades penales derivadas del proceso.